Derribando el muro de la (des)información

4 December 2015 / By Carla Moscoso, El Mostrador

En lo que va del año, la cobertura de los medios respecto del quehacer político y la transparencia de la función pública ha reinstalado el viejo debate en torno al rol de los medios nacionales en la configuración del debate público. Y aunque el desfase comunicacional entre el gobierno, la clase política y la ciudadanía es del todo evidente, lo que es motivo de preocupación son las debilidades propias del actual sistema de medios en nuestro país.
Una de las características centrales del sistema de medios en Chile es la alta concentración de la propiedad en sus mercados de prensa, radio y televisión. Nos guste o no, este hecho es una consecuencia de la acción del mercado. Hoy en día los altos índices de concentración en los mercados de medios son una tendencia a nivel mundial que se expresa también en mercados pequeños, como el chileno, cuyos bajos niveles de consumo hacen poco viable la proliferación de plataformas mediáticas verdaderamente competitivas. Esto significa que aunque una sociedad cuente con una amplia oferta de medios, la gente tenderá a consumir aquellos económicamente más poderosos, precisamente, porque entregan un “mejor servicio” que sus competidores con menos recursos.

Para quienes creen en la autorregulación del mercado, el pluralismo de los medios en democracia está garantizado por una libertad de prensa que amparada en la libertad que da el mercado permite la formación de nuevos medios desde cualquier nicho político o interés social. Lo que este argumento omite es que la emergencia y subsistencia de nuevos medios está condicionada a la capacidad de competir en un mercado que por su tendencia a la concentraciónvuelve a esta “libre competencia” no sólo desigual sino casi imposible. Sin lugar a dudas, el problema se agudiza cuando los principales medios de comunicación están, a su vez, en manos de los grupos económicos más poderosos y el acceso a la multiplicidad de voces y perspectivas acerca de lo público queda condicionado a las visiones que esos grupos nos quieran entregar. Es en este punto donde los defensores de un mercado de medios autorregulado hacen oídos sordos a los dilemas democráticos causados por la alta concentración económica.

Dado lo anterior, y en razón de la improbabilidad de que la concentración de nuestro mercado de medios disminuya por obra y gracia de la autorregulación, vale la pena preguntarse: ¿son los principales medios de nuestro país fuente de información diversa para la conformación de un debate genuinamente público?, ¿es acaso Chile un país cercado por la desinformación?, ¿cómo y de qué manera se podría propiciar un sistema de medios más plural?

El problema en Chile es que las fuentes informativas más visibles, con mayores recursos y legitimidad social en la construcción de la agenda pública, están mediadas y dominadas por una elite político-económica que representa un restringido abanico de intereses y visiones de país.

La llegada de la democracia trajo consigo la promesa de una mayor libertad de expresión, diversidad mediática y pluralismo informativo a la sociedad chilena. Y aunque nadie podría dudar de los avances en esta materia, es un hecho que el desarrollo de la dimensión democrática del sistema de medios ha estado por debajo de las expectativas. Prueba de ello es que los principales canales de televisión pasaron de un pluralismo resguardado por instituciones universitarias, al pluralismo uniforme del mercado y los intereses privados.

Y si bien TVN ha intentado ser fiel al mandato pluralista de su misión pública, sus debilidades en esta materia siguen estando asociadas a una ley arcaica que la deja al arbitrio del binominalismo político y un sistema de autofinanciamiento que la obliga a competir como un actor económico más. En la radiodifusión, el control de las frecuencias radiales está en manos de cuatro grupos privados que dejan muy poco espacio para nuevas concesiones.

En el caso de la prensa escrita, la ausencia de diversidad política en las líneas editoriales de los dos principales consorcios periodísticos identificados con la centroderecha es evidente, incluso si se aceptan los esfuerzos que estos medios puedan realizar por incluir visiones distintas a sus lineamientos ideológicos. Mención especial merecen los medios digitales, que han aportado diversidad a través de formatos menos convencionales y un periodismo más investigativo y opinante. Sin embargo, el tamaño y los recursos humanos y materiales con los que cuentan no les permiten competir de igual a igual con los diarios tradicionales, por lo que, en el mejor de los casos, su lucha es en realidad por la subsistencia.

Pero la desinformación, entendida como la “imposibilidad” de acceder a fuentes de información de distinto tipo, no representa necesariamente una dificultad en la era de la información. El problema en Chile es que las fuentes informativas más visibles, con mayores recursos y legitimidad social en la construcción de la agenda pública, están mediadas y dominadas por una elite político-económica que representa un restringido abanico de intereses y visiones de país. Es esta falta de diversidad o, si se prefiere, el monopolio de este tipo de información, lo que atenta contra la calidad de la información que recibe la ciudadanía. Por lo tanto, si hemos de problematizar el actual “cerco informativo”, debemos evitar centrar nuestras preocupaciones en la acción particular de “ciertos medios” y, más bien, poner énfasis en aquellos aspectos que ayuden a contrarrestar las barreras que estructuralmente impiden un sistema de medios más democrático.

Para avanzar en esta línea es necesario entender la libertad de prensa más allá del ethos del mercado y la expresión del interés individual. La libertad de expresión en los individuos requiere ser entendida desde una dimensión social en la que la acción del Estado obre en beneficio de la igualdad y la protección de las diversidades existentes dentro de una sociedad. En función de lo anterior, sería un error creer que la regulación estatal del mercado de medios implica “necesariamente” entregar medios a los gobiernos y/o ejercer influencia sobre estos afectando su autonomía. Asimismo, el avisaje estatal –que ha de ser regulado– no puede ser usado para promover una mayor diversidad y pluralismo en materia de medios, por el simple hecho de que su criterio de distribución debe obedecer a las necesidades de Estado y de las distintas audiencias. Así las cosas, si se han de establecer incentivos para el pluralismo mediático, estos deberían ir por dos frentes: por un lado, promover a través de créditos estatales la existencia de medios que se consideren un aporte por su diversidad pero que por su particularismo, estén destinados a satisfacer las necesidades de consumo de un pequeño nicho de mercado. Por el otro, transformar a TVN en el gran servicio público de radio, televisión e Internet de Chile; a fin de contrarrestar la alta concentración político-económica y satisfacer las necesidades de consumo de todo el país. Este modelo a lo BCC británica tiene sentido si consideramos que, hoy por hoy, los medios de comunicación tienden a operar en más de un formato informativo; además, por tratarse de un medio público, velaría por la inclusión de la diversidad nacional; y, por un tema de tamaño, sería el único que podría hacer frente “cara a cara” a los medios económicamente más poderosos. En términos económicos, se podría invertir en mejoras sobre una infraestructura ya existente. Y también se podrían establecer criterios para costear espacios comunicacionales que por su carácter estratégico para el país (tales como cultura, noticias y deportes) reciban financiamiento del Estado o vía impuestos, mientras otros focalizados en la entretención se financien desde un criterio de mercado.

El déficit comunicacional del gobierno, expresado por la Presidenta Bachelet a través de la metáfora del “muro de la desinformación”, es en parte expresión (no razón exclusiva) del sistema de medios que tenemos. Qué duda cabe, que la tarea pendiente para con nuestra democracia es la de un Estado que se preocupe de poner restricciones a la concentración de la propiedad y que al mismo tiempo incentive la expresión de todas –sí, todas– las diversidades políticas, sociales y culturales de nuestro país. Para que esta tarea cobre sentido, es necesario entender que el rol que los medios juegan en la construcción del debate público nos obliga a colocar su rentabilidad social por sobre su rentabilidad económica. Solo en razón de ello es que el déficit en materia de diversidad y pluralismo informativo será entendido como un problema para la calidad de nuestra democracia.

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