October 10, 2016/ By Los Tiempos

Con el objetivo de evitar que la publicidad que entrega el Gobierno a los medios de comunicación sea utilizada como un elemento de coerción además de garantizar el acceso a la información pública —al que tienen derecho todos los bolivianos—, asambleístas de oposición presentaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dos proyectos de ley para regular el avisaje y velar por la “libertad de expresión”. Los proyectistas pretenden también frenar la entrega discrecional de publicidad del Gobierno a algunos medios.

Los proyectos son Ley de Regulación de la Publicidad, Propaganda y Comunicación Oficial e Institucional y Ley de Acceso a la Información y Documentos Públicos.

De acuerdo con la exposición de motivos, los proyectistas han establecido el uso discriminatorio que se da a los recursos estatales destinados para la propaganda institucional que se asigna a los órganos del Estado, en beneficio directo de algunos medios y en desmedro de otros.

En febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la “distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad estatal es uno de los mecanismos de censura indirecta”.

Éste es uno de los argumentos que justifica el proyecto de norma, toda vez que la CIDH afirma que la “distribución arbitraria de publicidad estatal opera según las necesidades que los medios tienen para funcionar”.

“Es una forma de presión que actúa como premio o castigo que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión. Los mecanismos de censura indirecta suelen esconderse detrás del aparente ejercicio legítimo de facultades estatales, muchas de las cuales se ejercen por los funcionarios en forma discrecional”, sostiene.

La diputada Fernanda San Martín (UD) explicó que el proyecto de Ley de Regulación de la Publicidad, Propaganda y Comunicación Oficial e Institucional tiene como finalidad establecer procedimientos de contratación justos, competitivos y transparentes para todas las áreas de gobierno y garantizar la asignación imparcial de todo el gasto relacionado con publicidad de manera que se respeten y aseguren plenamente la independencia y el pluralismo de los medios.

“Se usa la propaganda institucional de manera abusiva para fortalecer unos medios de comunicación y castigar a otros, eso es inaceptable. O se deja de darles a todos o se maneja en criterios absolutamente abiertos y democráticos para asignar la publicidad. No puede ser utilizada para generar autocensura, eso está contra la libertad de expresión. Se debe regular el uso del presupuesto”, afirmó la diputada Jimena Costa.

CINCO PROPUESTAS DE NORMA 

A la fecha, por lo menos se han presentado cinco proyectos de ley de “Acceso a la información pública”, con algunas variaciones pero que no afectan al fondo de la propuesta, acceder a la información de las instituciones públicas, salvo algunas excepciones.

Este año, en febrero y abril, la Asociación de Periodistas de La Paz (ALP) y la bancada de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) entregaron dos proyectos de ley de Acceso a la Información Pública, respectivamente, pero que a la fecha no procede con su consideración.

En 2010, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la denominada Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, un documento ideal para que los miembros de esta organización adecuen su normativa al modelo.

Key words: government, law, public information