August 27, 2017/ By El Universal

La libertad de expresión es un derecho universal del cual todos gozamos y que incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencia, así como la libertad para buscar, recibir y difundir información e ideas mediante cualquier medio de comunicación, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su ejercicio es un elemento fundamental dentro de los sistemas políticos democráticos, ya que garantiza el diálogo entre los integrantes de la sociedad, permite a la ciudadanía la posibilidad de organizarse, crear y utilizar medios de comunicación independientes, evita que se desarrolle el monopolio estatal de la información y da oportunidad para que las personas puedan expresar sus ideas de manera libre y sin censura.

En este sentido, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación es un aspecto fundamental en la democracia debido a que sus actividades preservan el intercambio de ideas, el debate permanente y la convivencia; cada vez que se cierra un medio de comunicación las ideas no se discuten, la verdad se monopoliza y la democracia se desmorona. El pasado 17 de agosto la ciudad de Tovar, estado Mérida, fue testigo del cierre masivo de medios de comunicación. Después de la visita realizada a la localidad por los representantes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), cuatro estaciones de radio y dos canales de televisión fueron sacados del aire.

Luego de años informando a la colectividad, ejerciendo labor educativa y cultural, difundiendo entretenimiento, permitiendo la participación de las comunidades para exaltar las bondades de la región y levantar la voz de protesta ante atropellos y uso inadecuado de los recursos públicos, los canales Televisora Cultural de Tovar (TCT) y Zea Televisión (Zea TV), y las emisoras de radio FM Corandes 101.3, SKY 95.3, Candela 98.3 y Campesina Stereo 93.3 cesaron su programación, según información oficial, por diversos motivos que van desde el ejercicio ilegal de la profesión de periodista hasta la falta de documentos en el expediente de habilitación, en medio de un proceso poco transparente donde la falta de detalles acerca de las funciones de Conatel llenan de incertidumbre el normal funcionamiento de cualquier medio de comunicación.

Las instituciones del Estado deben garantizar que los obstáculos a la libertad de expresión sean removidos. Este tipo de decisiones generan mucha suspicacia debido a que luego de mucho tiempo en funcionamiento los medios de comunicación sancionados son cerrados por  razones que hubieran impedido el inicio de sus operaciones; corresponden a un tipo de acción institucional recurrente en la región luego de varias demandas contra comunicadores sociales y el cierre de diversas estaciones de radio y televisión (por ejemplo, ULA TV); y tiene que ver con el uso discrecional de los criterios de supervisión de los medios de comunicación ante la falta de información y claridad en las funciones de las instituciones responsables.

Estas acciones hacen daño a la libertad de expresión porque vulneran el derecho ciudadano a decirle a otros lo que se piensa y se conoce, impiden que las personas accedan a un horizonte de información y puntos de vista tan amplio como sea posible, y limitan las actividades económicas, políticas y sociales de los miembros de una comunidad. Escuchar la radio, mirar la televisión, leer periódicos, navegar en Internet y acceder de manera oportuna a la información de las instituciones públicas es un derecho que todos los venezolanos tenemos y el cierre de medios de comunicación no lo preserva.