11 may, 2018 / By Gustavo Ramos, elpueblo.com

A fin de que el gobierno estatal y los ayuntamientos realicen un trabajo justo y equitativo en la firma de convenios de comunicación con los medios, el diputado de Morena Pedro Torres Estrada presentó una iniciativa para expedir una ley de Comunicación Social y Publicidad Oficial.

El legislador indicó que la ley promueve una asignación objetiva, transparente y no discriminatoria de contratos para la prestación de los servicios de elaboración y difusión de propaganda oficial, al señalar que  la regulación reconoce los principios y ejes para que la publicidad oficial no desaparezca, pero se regule, dentro de un mecanismo de comunicación sustentada en el derecho a la información, donde el uso de la publicidad oficial debe transparentarse, limitarse y controlarse.

“Su adecuada regulación puede apostar al pluralismo mediático y al mantenimiento de muchos medios pequeños, medios de nichos, laboratorios de investigaciones periodísticas y medios sociales que garanticen la diversidad tanto en la propiedad como en los contenidos”, indicó el diputado.

Señaló que el uso ilegítimo de la publicidad oficial se acuerda y dispone en los tres órdenes de gobierno y en donde la ausencia de transparencia y de control del uso de la publicidad oficial la transforma en una posible herramienta de chantaje que pervierte la relación entre los medios y autoridades federales, estatales, municipales e incluso universidades públicas.

La ley debe impedir los abusos que actualmente se registra como el contenido propagandístico de la publicidad, la discrecionalidad y discriminación en su asignación, la opacidad en la contratación y el ejercicio de los recursos, las deficiencias en la planificación, la ausencia de rendición de cuentas y de sanciones, la inequidad de la contienda y la poca utilidad pública de las campañas.

Sostuvo que la asignación deberá definir criterios de asignación basados en la idoneidad, donde la publicidad oficial no debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios.

“En el artículo 7 de la Constitución Mexicana está estipulado que la libertad de expresión no se puede restringir de manera directa o indirecta. Por lo anterior, los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, que deberán evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación, la audiencia del medio y distintos criterios de equidad”, manifestó el diputado.

Destacó que los criterios para definir los convenios deberán atenderse exclusivamente en función del rating y de la cobertura de los medios en un país donde la concentración mediática es extrema, sólo profundizará esta concentración. Los criterios definidos deben evitar que la materia se convierta en una barrera indirecta que margine a los medios del acceso a la publicidad oficial.

“Todos tenemos derecho a saber cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos destinados a la publicidad oficial para que no sea ejercido de manera discriminatoria o discrecional”, dijo.

Respecto a la publicidad oficial, indicó que no debe, bajo cualquier circunstancia, promover la imagen de los funcionarios públicos como lo estipula el artículo 134 de la Constitución, donde se prohíbe el uso de “nombres, imágenes, voces y símbolos relacionados con la promoción de cualquier servidor público”.

Torres sostuvo que actualmente, la política de comunicación social responde, al esquema autoritario, en un margen de maniobra que es amplio, desde el uso discrecional de los cuantiosos recursos económicos a su disposición, donde el Ejecutivo encumbra los medios de comunicación que le son útiles para su ilegítimo propósito y presiona a los medios críticos.

“En la fracción parlamentaria de MORENA, estamos convencidos de que un esquema eficaz para constreñir el gasto en comunicación social al nivel de austeridad que reclaman las condiciones económicas del estado, pero sin socavar la función que esa actividad estatal debe tener frente a la sociedad”, expuso el diputado.

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