Colombia. Los carteles mediáticos

23 July, 2018 / By Fanny Meneses, Kaosenlared

En estos días han sido noticia las amenazas hechas contra algunos periodistas que trabajan o publican en grandes medios colombianos, como María Jimena Duzán. Grave llamado de atención que tuvo mucha más exposición que los asesinatos, por ejemplo, de los comunicadores indígenas Eider Arley Campo Hurtado (marzo de 2018) o de Efigenia Vásquez Astudillo (asesinada por el ESMAD en octubre de 2017). Es evidente que todo lo que tiene que ver con los grandes medios que concentran la voz del país ‘visible’ tiene más impacto, aunque poca gente en el país sabe qué hay detrás de esos medios.

Y lo que hay es una mediación directa de los grandes poderes económicos y políticos del país. Los medios que aglutinan las audiencias del país son controlados por grandes grupos empresariales que, a la vez, tienen una gran influencia sobre la política nacional.

Quizá la mayor enfermedad que sufre el país periodístico es la concentración de la propiedad de los medios. Un estudio realizado por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y por Reporteros Sin Fronteras (RSF) develó que el nivel de concentración de la propiedad de los medios en el país tiene características de oligopolio. O, mejor explicado, de unos pocos carteles de la información que controlan el discurso hegemónico que condiciona a la opinión pública y, que genera estados de opinión (esos que luego se traducen en votos o en indiferencia).

El direccionamiento de los discursos fue evidente durante el pasado Mundial de Fútbol, cuando cualquier partido entre equipos secundarios tenía más cobertura que la dolorosa realidad del país, o que los reiterados incumplimientos de los acuerdos de paz por parte del Estado que, en otro lugar, habrían prendido todas las alertas periodísticas.

Eso ocurre porque, como reveló el estudio de Fecolper y RSF, el 57% de toda la audiencia de radio, televisión e Internet (los que realmente marcan la opinión de las mayorías) está en manos de tres megagrupos empresariales que son, a su vez, propiedad de tres de las familias más ricas de Colombia. Se trata de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, de la Organización Ardila Lulle y de Valorem, la empresa propiedad del Grupo Empresarial Santo Domingo.

Alejandro Santo Domingo, por ejemplo, es dueño de Caracol TV, que tiene el 72% de la audiencia, según el Estudio General de Medios. RCN le sigue pero de lejos, sin sostener el 50%, y remotamente está City TV de Bogotá, con un 13%. RCN pertenece a la Organización Carlos Ardila Lulle y City TV, el todo poderoso Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo. Un estudio hecho público por la Autoridad Nacional de Televisión (ANT) en marzo de 2017 mostraba cómo los espectadores colombianos preferían por encima de todo Caracol (29%), a distancia estaba RCN (19%) y el siguiente canal colombiano preferido era Señal Colombia y sólo contaba con un 3% de preferencia.

Cada uno de estos tres grupos es propietario de una cantidad importante de medios pero, a la vez, de empresas estratégicas en otros sectores del país. En cuanto a medios, los Santo Domingo poseen El Espectador, Blu Radio y Cromos; Sarmiento Angulo compró el influyente diario El Tiempo y ADN, el diario gratuito que circula en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y Ardila Lulle, además de tener RCN radio y TV en todas sus versiones, tiene casi una veintena de emisoras, entre las que destaca La FM y algunos canales de vocación más internacional como NTN24.

Es decir, “tienen el toro por los cachos”, pero esa situación atenta contra un clima mediático democrático y abierto. Como dicen la propia Fecolper: “La concentración de la propiedad de los medios inhibe la libertad de prensa y el pluralismo”. Quizá por eso salimos tan mal en el observatorio de “Libertad de prensa” de Reporteros Sin Fronteras referido a 2018. Colombia aparecía en el puesto 130 de 180 países medidos y, como en casi todos los atlas mundiales de situaciones críticas, el país siempre figura en la franja de los lugares con una pésima situación, por debajo de países como Afganistán, Uganda, Emiratos Árabes o Indonesia.

Es decir, más allá de las graves amenazas que se hacen a los periodistas ‘conocidos’ y de las amenazas, hostigamiento y asesinato de periodistas y comunicadores territoriales o populares –mucho más expuestos-, la realidad nos muestra unos medios ‘mediatizados’ que no pueden –y no quieren- colaborar a la construcción de paz en el país.

Los periodistas que trabajan en estos medios, como han denunciado ellos mismos, cada vez salen menos de las redacciones centrales o de las grandes ciudades y confían a ciegas en los comunicados o notas de prensa llegados desde las sofisticadas oficinas de prensa militares, policiales u oficiales.

De forma paralela, ha crecido otro cartel de la información dentro del propio Estado, que es el de la Fuerzas Armadas, que le ha apostado a la radio como medio de adoctrinamiento, propaganda y entretenimiento en los lugares más diversos del país. La información disponible a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y de la Comunicación es que la Policía Nacional cuenta con 36 emisoras, el Ejército tiene 32 estaciones de Colombia Stereo, la Armada cuenta con 17 estaciones con el nombre de Marina Stereo, y la Fuerza Aérea tiene 2. Es decir, 89 estaciones de radio en todo el país, más diversas publicaciones, editoriales y la cooptación de los espacios culturales allá donde el Estado es tan débil que sólo se viste de camuflaje.

Source: http://kaosenlared.net/colombia-los-carteles-mediaticos/

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