Está obligado AMLO a normar con justicia la publicidad oficial

22 July, 2018 / By El Diario

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que su gobierno reducirá a la mitad los recursos en publicidad oficial fue bien recibido por quienes durante años han peleado por transparentarlos. Pero entre ellos hay un temor: que la centralización del gasto y de la comunicación social en la Presidencia terminen por reproducir la discrecionalidad con que las administraciones del PRI y del PAN han manejado esos recursos                                                         para controlar a los medios.
La herramienta actual para continuar este mismo esquema –que mantendrá su vigencia en el próximo gobierno– es la Ley General de Comunicación Social, aprobada por la mayoría del PRI en la saliente legislatura y que entrará en vigor en enero de 2019. Esa ley terminó siendo conocida como Ley Chayote, porque legalizó el uso discrecional de la publicidad para premiar o castigar a los medios.
La pugna
El colectivo #MediosLibres, integrado por organizaciones no gubernamentales, periodistas y académicos, le ha solicitado a López Obrador y a los próximos legisladores derogar esa Ley Chayote, que además está impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para #MediosLibres hay un camino avanzado: entre quienes impugnaron la ley ante la SCJN –por considerar que viola la Constitución– están actuales senadores que en la próxima legislatura serán diputados. Además, el próximo senador morenista por el Distrito Federal, Martí Batres, tuiteó la semana pasada que la reducción al gasto de publicidad anunciado por López Obrador debe estar acompañado de los nuevos criterios de asignación que establezca la siguiente legislatura.
Encabezado por Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación, el colectivo intentó en la actual legislatura que los diputados y senadores aprobaran una ley de publicidad oficial conforme a los criterios internacionales de transparencia y rendición de cuentas.
Obligado por un fallo de la SCJN, que le concedió un amparo a Artículo 19, el Congreso tuvo que legislar. Pero aprobó una ley a modo luego de las maniobras del PRI y sus aliados para hacer mayoría, desoyendo no sólo a la oposición, a la sociedad civil y las consideraciones de la sentencia de la Suprema Corte, sino también al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Proceso 2165).
Los legisladores también desestimaron los llamados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el INE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para elaborar una ley según los principios aceptados internacionalmente a fin de garantizar la libertad de expresión y sin que la publicidad oficial sea un mecanismo de censura o premio.
El jueves 19 #MediosLibres se pronunció a favor de la reducción de 50% del gasto en publicidad oficial anunciado por López Obrador como parte de su plan de austeridad y combate a la corrupción. Pero al mismo tiempo expresó su preocupación por la centralización del gasto y de la comunicación social del gobierno desde la oficina presidencial.
El grupo advirtió en un comunicado que la centralización del gasto es un riesgo para el control de la información, por lo que propone la creación de un ente autónomo que no afecte la libertad de expresión con el reparto de la publicidad oficial.
Para este año los diputados aprobaron, en el presupuesto federal, 2 mil millones de pesos para ese rubro, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó, en promedio, 9 mil millones al año, según el seguimiento hecho por Fundar. El gobierno de López Obrador tendría 2 mil millones de pesos para anunciarse en los medios.
#MediosLibres advierte que la reducción del gasto no resuelve el problema de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial. Las cosas seguirán igual mientras no haya “criterios claros, transparentes y objetivos de asignación” que consideren aspectos como la medición de audiencia, costos, circulación y el perfil del público al que va dirigido el mensaje o campaña gubernamental; y, sobre todo, la “promoción de la diversidad y el pluralismo de los medios”.
Para evitar el enorme gasto en publicidad oficial en que incurrieron los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, que se fue incrementando de sexenio a sexenio, #MediosLibres le pide al gobierno de López Obrador fijar topes en el presupuesto y sanciones “ante el uso frívolo, indiscriminado y arbitrario”.
En su plan de austeridad, López Obrador también anunció la centralización del gasto en comunicación social. La medida “puede ser una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetivo”, consideró el colectivo integrado por más de 100 organizaciones sociales, académicos y periodistas.
El próximo presidente también ha decidido que habrá una sola oficina de comunicación social en su gobierno, con lo que desaparecerían las oficinas de ese tipo en la administración pública federal. La relación de su gobierno con los medios será mediante la Presidencia. Las decisiones pasarían de la Secretaría de Gobernación al Palacio Nacional, donde va a despachar el presidente.
Ambas medidas pueden traducirse en “una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y, por lo tanto, de la opinión pública”, alerta también el colectivo.
En su consideración se debe abrogar la Ley Chayote y reemplazarla por una que asuma los principios de regulación de publicidad oficial y libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el decálogo que el propio colectivo desarrolló para la frustrada ley y que considera los principios internacionales en la materia.
“La siguiente legislatura tiene la oportunidad de emitir una ley de publicidad oficial que garantice la libertad de expresión, de prensa e información”, en tanto que el Ejecutivo “puede garantizar eficiencia, máxima publicidad, pluralidad y no discriminación en la asignación del gasto”.
De lo contrario, no habrá un cambio verdadero en la relación entre el poder y medios de comunicación que procure medios libres y una sociedad realmente informada, señaló el grupo.
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