October 22, 2017 / By El Correo

El papel de los medios de comunicación públicos, TV3 y Catalunya Radio, ha estado bajo el foco del Gobierno desde que el pasado 6 de septiembre se aprobara en el Parlament la Ley del Referéndum de Autodeterminación, anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional. Así, no es de extrañar que una de las áreas de control aprobadas ayer sean los «medios de comunicación y telecomunicaciones». Este capítulo dice de forma textual que los órganos o autoridades que nombre el Gobierno asumirán las funciones relativas a telecomunicaciones y servicios digitales. También las funciones de administración del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías (CTTI) y del Centro de la Seguridad de la Información de Cataluña.

Precisamente, la Guardia Civil entró el viernes por orden judicial en el CTTI, encargado de la coordinación y gestión de proveedores de servicios e infraestructuras para la comunicación. El mismo centro que la juez del Tribunal Superior de Cataluña autorizó dejar sin servicio antes del referéndum del 1 de octubre para impedir el voto telemático y el recuento. En el mencionado registro policial, los agentes buscaban grabaciones de conversaciones de dos mandos de los Mossos y volcaron el contenido de sus teléfonos móviles y correos electrónicos.

Asimismo, la aplicación del artículo 155 supondrá, en el caso de TV3 y Catalunya Radio, la restitución de los medios «para garantizar una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural y también con el equilibrio territorial, así como el respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución y el Estatuto».

«Ataque a la profesionalidad»

El Consejo Profesional de TV3 calificó ayer la propuesta como «un ataque directo, indigno e impúdico a la libertad de expresión y de información», y en el mismo comunicado también rechazó «categóricamente» esta intervención, al considerar que pone en cuestión «la profesionalidad» de los trabajadores de la televisión catalana. El Colegio de Periodistas también se manifestó en la misma línea en contra del control estatal sobre los medios públicos catalanes.